La dirigencia nacional del partido Morena confirmó que mantendrá dentro de sus filas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, en tanto se desarrollan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). El comité político del partido argumentó que se respetará el principio de presunción de inocencia de ambos funcionarios hasta que las autoridades judiciales emitan una resolución definitiva sobre las acusaciones en su contra.
El posicionamiento del partido se da tras los recientes requerimientos de la fiscalía federal, la cual indaga presuntos vínculos de los políticos con estructuras del crimen organizado y supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los representantes de la organización política insistieron en que no se tomarán medidas sancionatorias internas ni suspensiones de derechos partidistas de manera anticipada para evitar juicios sumarios basados en señalamientos externos.
Por su parte, diversos sectores de la oposición criticaron la postura de la dirigencia partidista, señalando que la permanencia de ambos funcionarios en el movimiento envía un mensaje de impunidad y debilita la confianza en la transparencia gubernamental. Los bloques políticos contrarios exigieron que los investigados sean separados de sus funciones públicas e internas de manera temporal para asegurar que el proceso legal se realice sin ningún tipo de interferencia o influyentismo.
Al interior del partido fundado por el presidente, algunos liderazgos locales expresaron de forma reservada su preocupación por el costo político que este caso podría representar para la imagen de la organización en los próximos procesos electorales. Sin embargo, la línea oficial se ha mantenido unificada en torno a respaldar a los mandatarios y legisladores, argumentando que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio por parte de sus adversarios.
Se prevé que la comisión nacional de honestidad y justicia del partido sesione en los próximos días únicamente para dar seguimiento al estatus legal del expediente, sin abrir por ahora un proceso formal de expulsión. El desenlace de la situación al interior de la fuerza política dominante quedará estrictamente condicionado a las pruebas y dictámenes que presente el ministerio público federal conforme avancen las comparecencias programadas.
