La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) acusó formalmente al gobierno del estado de Oaxaca de haber incurrido en omisiones graves, revelando que el alcalde de Amatitlán había solicitado medidas de protección especiales debido a amenazas previas a su asesinato. El comité político de la bancada blanquiazul denunció que las autoridades estatales no respondieron con la debida oportunidad ni urgencia ante el llamado de auxilio del funcionario municipal.
A través de un pronunciamiento oficial, los representantes del partido exigieron el esclarecimiento inmediato del crimen y que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de los servidores públicos que ignoraron los protocolos de seguridad. El liderazgo del PAN enfatizó que este trágico desenlace evidencia la falta de coordinación y de garantías para quienes ejercen funciones de gobierno en las regiones con altos índices de vulnerabilidad.
Detalles de la solicitud y contexto de la agresión
La denuncia del partido opositor detalla la cronología de las gestiones institucionales realizadas por el edil antes de sufrir el ataque fatal:
- Petición formal: Según los registros del partido, el mandatario municipal envió oficios detallados a las dependencias de seguridad del estado manifestando el riesgo inminente en el que se encontraba tanto él como su equipo cercano.
- Falta de despliegue: Los voceros de Acción Nacional señalaron que, a pesar de existir antecedentes claros de acoso, nunca se asignó una escolta ni se reforzaron los patrullajes preventivos en las inmediaciones del palacio municipal.
- Impacto político: El partido argumentó que el asesinato vulnera el orden institucional y desincentiva la participación democrática en los municipios más alejados de la capital del estado.
Exigencia de justicia: La dirigencia panista instó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación profunda, transparente y ajena a intereses políticos que permita capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Asimismo, reiteraron su llamado a los tres órdenes de gobierno para implementar una estrategia de protección emergente y efectiva para los alcaldes y síndicos que desempeñan sus labores bajo condiciones de amenaza constante en el país.
