La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación formal en contra del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, luego de que el legislador fuera captado interpretando un fragmento de un «narcocorrido» desde la tribuna principal del Pleno. El suceso provocó una ola de rechazo inmediato entre diversas bancadas políticas y organizaciones de la sociedad civil, quienes calificaron la conducta como una grave apología del delito.
El incidente ocurrió al término de una sesión ordinaria, cuando el diputado utilizó el sistema de audio oficial del recinto legislativo para entonar estrofas que hacen alusión directa a líderes de grupos delictivos y a la comisión de actividades ilícitas. La grabación del momento se viralizó rápidamente en plataformas digitales, desatando duras críticas sobre la falta de solemnidad y decoro por parte de quienes encabezan los poderes públicos en la entidad.
Procedimiento legal y posibles sanciones
Ante la indignación pública, los órganos internos de control y las autoridades ministeriales activaron los protocolos correspondientes para evaluar las implicaciones legales del acto:
- Indagatoria ministerial: La Fiscalía local analiza si la conducta del congresista encuadra en el delito de provocación de un delito o apología de este, contemplado en el código penal vigente.
- Revisión ética: El Comité de Ética del Poder Legislativo fue convocado de manera extraordinaria para dictaminar las sanciones administrativas o amonestaciones públicas aplicables al diputado por el uso indebido de los bienes del Congreso.
- Exigencia de destitución: Diputados de oposición formalizaron una petición ante la Junta de Coordinación Política para remover de manera inmediata al legislador de la presidencia de la Mesa Directiva.
Postura del legislador: Por su parte, el presidente del Congreso argumentó en un breve mensaje que su participación se dio en un contexto de esparcimiento tras concluir los trabajos parlamentarios y descartó que su intención fuera promover la violencia. Sin embargo, diversos analistas políticos señalaron que, ante la compleja situación de seguridad que afronta el estado, los servidores públicos deben mantener una postura de absoluto respeto a la legalidad y evitar discursos que normalicen la cultura de la criminalidad.
