La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció su postura frente a los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios. La mandataria afirmó que, si bien su administración no encubrirá a nadie, tampoco permitirá que agencias extranjeras intervengan en asuntos internos de México sin el debido proceso legal y pruebas contundentes que respalden sus acusaciones.
Durante su mensaje matutino, Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la única instancia facultada para investigar y, en su caso, proceder legalmente si se encuentran evidencias reales de conducta ilícita. Con un lenguaje directo, reiteró que la justicia mexicana debe actuar con autonomía, basándose en expedientes sólidos y no en reportes informales que carecen de rigor jurídico.
La presidenta enfatizó que no se permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en la política nacional bajo el pretexto de acusaciones de corrupción que no han sido probadas en tribunales. Esta declaración marca una línea clara sobre la soberanía, exigiendo respeto a las instituciones mexicanas y rechazando cualquier intento de presión externa que busque desestabilizar la administración de los estados o del gobierno federal.
En cuanto a los funcionarios señalados, la jefa del Ejecutivo fue enfática al señalar que la ley debe aplicarse parejo, pero siempre bajo el marco de la legalidad nacional. Aseguró que cualquier indicio de irregularidad será analizado por las autoridades competentes, garantizando que el combate a la corrupción se realice con transparencia y sin obedecer a agendas políticas de otras naciones.
El posicionamiento ha generado eco en diversos sectores, ya que pone de manifiesto la tensión diplomática respecto a la cooperación en seguridad y justicia. Mientras tanto, la administración federal se mantiene firme en su exigencia de que, si Estados Unidos posee pruebas de peso, estas deben ser entregadas formalmente a la FGR para que se integren a las carpetas de investigación correspondientes.
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó que el respeto mutuo es la base de la relación bilateral. Con estas declaraciones, Sheinbaum cierra filas en torno a su gabinete y gobernadores, dejando la responsabilidad de cualquier acción penal exclusivamente en manos de las instituciones de procuración de justicia del país, siempre y cuando existan elementos probatorios suficientes.
