La empresa de inteligencia artificial OpenAI alcanzó un acuerdo de resolución con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mediante el cual pagará un total de 3.2 millones de dólares, tras ser objeto de una investigación por presuntas prácticas de discriminación laboral en perjuicio de trabajadores estadounidenses. La investigación determinó que la firma favoreció la contratación de personal extranjero sobre candidatos locales con cualificaciones equivalentes durante sus procesos de reclutamiento.
El acuerdo concluye la indagatoria iniciada por la División de Derechos Civiles, la cual señaló que las políticas internas de la compañía violaron las leyes federales contra la discriminación por motivos de ciudadanía y origen nacional.
1. Hallazgos de la investigación e infracciones identificadas
La resolución de la autoridad federal detalló las irregularidades cometidas en los esquemas de contratación de la tecnológica:
- Preferencia en el reclutamiento: Se identificó que OpenAI descartó de manera injustificada a aspirantes estadounidenses calificados para otorgar preferencia a trabajadores extranjeros dependientes de visados temporales de trabajo.
- Tratamiento inequitativo de solicitudes: Las pesquisas mostraron la implementación de requisitos y filtros adicionales para los candidatos nacionales en comparación con los aplicados a postulantes que requerían patrocinio de visado.
- Violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad: Las acciones de la empresa contravinieron las disposiciones de no discriminación establecidas en la legislación federal para garantizar condiciones de igualdad en el mercado laboral estadounidense.
2. Términos del acuerdo de reparación y compromisos institucionales
Además de la sanción económica, el acuerdo impone a OpenAI la obligación de reestructurar sus procedimientos de selección de personal:
- Destino de los fondos: Los 3.2 millones de dólares se destinarán al pago de sanciones civiles y a la creación de un fondo de compensación para los trabajadores que resultaron perjudicados durante los procesos de selección investigados.
- Capacitación y auditoría externa: La empresa se comprometió a capacitar a su personal de recursos humanos en materia de derechos civiles y someter sus prácticas de contratación a supervisiones periódicas por parte del Departamento de Justicia durante los próximos dos años.
Compromiso con la equidad laboral: Representantes del Departamento de Justicia destacaron que el acuerdo envía un mensaje claro a las empresas del sector tecnológico sobre la obligatoriedad de garantizar procesos de contratación justos y transparentes, donde el estatus de ciudadanía no sea un factor de exclusión ilegal.
