Un nuevo informe presentado por organizaciones internacionales y civiles defensoras de la libertad de expresión identifica la existencia de un «modelo de impunidad» sistémico que perpetúa la violencia, las agresiones y los homicidios cometidos en contra de periodistas y comunicadores en México. El documento analiza la respuesta de las instituciones del Estado encargadas de procurar e impartir justicia, concluyendo que la falta de sanciones efectivas a los responsables materiales e intelectuales favorece la repetición de estos delitos.
La investigación destaca que, a pesar de la existencia de fiscalías especializadas y mecanismos de protección, el índice de casos resueltos mediante sentencias condenatorias se mantiene en niveles críticos, dejando expuesto al gremio periodístico en todo el territorio nacional.
1. Hallazgos clave sobre el «modelo de impunidad»
El análisis detallado de las investigaciones abiertas por agresiones a la prensa reveló patrones recurrentes en el actuar de las autoridades:
- Deficiencias en las carpetas de investigación: El informe señala omisiones graves en las primeras diligencias, falta de preservación de pruebas y desestimación sistemática de la labor periodística como la principal línea de investigación de los crímenes.
- Falta de persecución a autores intelectuales: La mayoría de los avances procesales, cuando los hay, se limitan a la detención de ejecutores materiales, dejando impunes a quienes planearon u ordenaron las agresiones, muchos de los cuales cuentan con vínculos a estructuras delictivas o de poder político.
- Ineficacia de las medidas de protección: Se advierten fallas operativas y falta de presupuesto suficiente en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que impide brindar medidas cautelares oportunas y efectivas.
2. Recomendaciones de los organismos defensores
Ante la gravedad del diagnóstico, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reestructurar la estrategia de atención a esta problemática:
- Fortalecimiento de fiscalías especializadas: Otorgar autonomía real, recursos técnicos y personal capacitado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y sus contrapartes en las entidades.
- Revisión integral de mecanismos cautelares: Implementar evaluaciones de riesgo continuas con perspectiva territorial y garantizar que las medidas asignadas respondan a las necesidades reales de los comunicadores en zonas de alto riesgo.
- Transparencia e informes de avance: Establecer mesas de trabajo periódicas con la sociedad civil para dar seguimiento a los casos emblemáticos y transparentar las métricas de imputación y sentencia.
Llamado a la garantía de la libertad de prensa: Las organizaciones concluyeron que erradicar este modelo de impunidad es una condición indispensable para preservar el derecho a la información de la ciudadanía y consolidar un entorno democrático donde el ejercicio del periodismo no represente un riesgo para la vida o la integridad.
