Una grave crisis de seguridad y corrupción ha sacudido al sistema penitenciario de la Ciudad de México este martes 7 de abril de 2026. Diversos reportes internos del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla detallan un intento de fuga frustrado que tuvo lugar en días pasados, el cual presuntamente contó con la complicidad directa de personal de custodia. La situación ha escalado tras las denuncias que señalan que el evento fue ocultado deliberadamente por las autoridades del centro penitenciario para evitar repercusiones legales y mediáticas.
De acuerdo con la información filtrada, el plan de evasión fue detectado antes de que la interna lograra abandonar el perímetro, pero en lugar de seguir el protocolo de seguridad nacional, los mandos encargados habrían negociado el silencio. Se reporta que las autoridades penitenciarias cobraron una suma cercana a los 30 mil pesos para omitir dar parte al Ministerio Público, lo que constituye un grave delito de omisión y cohecho en el ejercicio de sus funciones.
“La impunidad dentro de Santa Martha ha llegado a niveles intolerables; se están vendiendo los reportes de seguridad al mejor postor mientras la vigilancia se desmorona”
, señalaron fuentes cercanas a la investigación.
Corrupción sistémica y falta de control en el sistema penal
La noticia ha generado una ola de críticas sobre el control que el gobierno ejerce en las cárceles de la capital. En X (antes Twitter), el hashtag #SantaMartha se ha vuelto tendencia con exigencias de destituciones inmediatas, mientras que en Instagram, la cuenta oficial de @latinus_us ha dado seguimiento a los testimonios de familiares de las internas.
“No solo falló la seguridad perimetral, falló la integridad de la cadena de mando que prefirió un soborno antes que aplicar la ley”
, comentaron analistas en seguridad pública en plataformas digitales.
Ante la presión ejercida por las filtraciones, se espera que en las próximas horas la Subsecretaría de Sistema Penitenciario emita un comunicado oficial y anuncie la intervención de la Contraloría General. Las denuncias apuntan no solo a los custodios de rango bajo, sino a directivos que habrían autorizado la “cuota” para no procesar el intento de fuga de manera legal. Este incidente pone nuevamente en duda la efectividad de las cámaras de vigilancia y los protocolos de control de confianza aplicados al personal que labora en estos centros de alta seguridad.
Finalmente, este caso se suma a una lista de irregularidades que han plagado a Santa Martha en los últimos años, desde el ingreso de objetos prohibidos hasta el cobro de cuotas internas. La falta de transparencia en el manejo del incidente de fuga refuerza la percepción ciudadana de un sistema carcelario vulnerable y propenso a la corrupción.
“Si un intento de fuga se puede comprar por 30 mil pesos, la seguridad de la ciudad entera está en riesgo desde adentro de sus prisiones”
, concluyó el reporte sobre este alarmante caso de opacidad gubernamental.
Fuente: Latinus / Investigaciones Especiales
