La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y cuerpos de emergencia estatales, activó los protocolos de contingencia tras registrarse el derrame de aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico sobre un tramo carretero en el estado de Sonora. El incidente se originó a raíz de la volcadura de un tractocamión cisterna que transportaba la sustancia industrial.
Las brigadas técnicas acudieron a la zona afectada para contener el avance del químico corrosivo, aplicar medidas de mitigación y prevenir la filtración de residuos hacia fuentes de agua o predios agrícolas cercanos.
1. Detalles del incidente y acciones de contención
Las dependencias ambientales federales detallaron las características del siniestro y los trabajos implementados en el sitio:
- Lugar y origen del derrame: El percance tuvo lugar en el tramo de la carretera Ímuris-Cananea, derivado de la pérdida de control y posterior volcadura de la unidad de carga.
- Neutralización con cal: Personal especializado aplicó cal apagada sobre la superficie impactada para neutralizar la acidez de la sustancia, además de realizar maniobras de trasvase del producto remanente en las cisternas.
- Aseguramiento del perímetro: Elementos de seguridad y protección civil establecieron un cerco preventivo para restringir la circulación y evitar riesgos por inhalación de vapores o exposición directa al compuesto químico.
2. Responsabilidad de la empresa y remediación ambiental
El procedimiento legal y técnico continuará sobre la empresa transportista:
- Ruta y procedencia: La pipa involucrada pertenece a la compañía Express Milac (Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad) y trasladaba el material desde Nacozari hacia la mina Cobre del Mayo, en Álamos.
- Inspección pericial: Una vez neutralizada la fase crítica de la emergencia, inspectores de la Profepa evaluarán la dimensión del impacto en suelo y subsuelo.
- Sanciones y plan de remediación: La autoridad ambiental determinará las sanciones administrativas correspondientes y obligará a la empresa responsable a presentar un plan integral de retiro de sedimentos y restauración del ecosistema.
Atención a la emergencia ambiental: Las autoridades mantienen el monitoreo técnico en la zona para garantizar que la recolección de residuos concluya sin afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas ni a la flora y fauna de la región.
