La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer de manera formal a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Esta acción judicial se deriva de una investigación en curso relacionada con la presunta presencia y operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en territorio estatal, un tema que ha encendido las alarmas en materia de soberanía nacional.
El requerimiento de las autoridades federales busca esclarecer si el gobierno estatal tenía conocimiento de las actividades de estos elementos extranjeros y si existió algún tipo de colaboración o acuerdo de seguridad que no fuera reportado a la federación. El documento oficial señala que la mandataria deberá presentarse para responder a las preguntas de los ministerios públicos federales encargados del caso.
Por su parte, el equipo jurídico y de comunicación del gobierno de Chihuahua calificó el hecho como una medida desproporcionada y sugirió que el trasfondo del asunto tiene tintes políticos. Los voceros del estado aseguraron que toda la cooperación en materia de seguridad con agencias internacionales siempre se ha dado dentro de los canales legales y de manera transparente.
La noticia ha generado un fuerte debate entre analistas y legisladores, quienes recuerdan que la ley mexicana prohíbe estrictamente que agentes extranjeros realicen labores de investigación o inteligencia de campo sin la debida autorización y supervisión de las secretarías federales correspondientes. La oposición ha exigido una aclaración inmediata, argumentando que este caso compromete la seguridad del país.
Se espera que en los próximos días se den a conocer los términos de la comparecencia y la estrategia que tomará la defensa de la gobernadora frente a los cuestionamientos de la fiscalía. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo una estricta reserva informativa por parte de las autoridades federales debido a la delicada naturaleza de los datos de inteligencia nacional que se están manejando.
